La extradición, en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal vez la de viejo relevancia, es la de la procedencia de la persona requerida.
La extradición por delitos políticos puede ser rechazada en virtud de principios internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan un trato exacto a los individuos acusados.
La esencia para que el detenido sea extraditado al país solicitado, en este caso España, es que el tribunal que revisa la euroorden recibida aprecie que los hechos alegados se enmarcan como delito aún en la normativa de su país.
Ello fuera de que el tratado vigente con el Estado en el que se encuentre la persona investigada pueda solicitar directamente la extradición al Tribunal o magistrado que conoce de la causa.
La extradición pasiva es el procedimiento por el cual un país extranjero solicita a España la entrega de una persona. En estos supuestos, se debe acudir a la ley de Extradición Pasiva anteriormente aludida excepto en los supuestos en los que exista un Tratado en el que España sea parte en cuyo caso este tendrá preferencia y, en todo caso la extradición se aguantará a efecto conforme al principio de reciprocidad.
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Se solicita Adicionalmente que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer y errar el delito. No se extraditará en torno a los Estados que tengan pena de crimen y en caso de que el mismo delito por el que se requiere a un individuo sin embargo haya sido Tribunal en el Estado requerido. La extradición puede ser activa o pasiva.
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Será requisito necesario para solicitar la extradición que se haya dictado un automóvil de procesamiento o una Resolución Legal de condena firme contra el sujeto al que se refiera. Pero no ha emplazamiento a solicitar la extradición en cualquier supuesto, es requisito imprescindible una condena superior a un año o un proceso por un juicio del que puede resultar consentimiento superior a dos primaveras.
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La extradición es un mecanismo justo que permite la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en un país, a otro país que lo solicita para juzgarlo o cumplir una condena.
En orden a lo establecido en los artículos 831 y siguientes de la Ley de Proceso Criminal, la petición de extradición se realizará en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Humor y Imparcialidad.
Si los tribunales españoles tienen competencia para dictaminar al individuo por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de extradición, se puede denegar la misma.
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